RECHAZAMOS EL ANUNCIO DEL AUMENTO A $315 MILLONES DE LA DEMANDA
DE PACIFIC RIM CONTRA EL ESTADO SALVADOREÑO
La empresa minera canadiense Pacific Rim ha
anunciado que aumentará a US $315 millones la demanda de indemnización que
solicita al Estado salvadoreño por el no otorgamiento del permiso de
explotación de la mina El Dorado en el departamento de Cabañas, al norte de El
Salvador. Pacific Rim se ampara esta vez en la Ley de Inversiones salvadoreña
luego de que el tribunal que ventila el caso invalidara, en junio de 2012, sus
argumentos bajo el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, Centroamérica y
la República Dominicana (CAFTA-DR).
Las comunidades y organizaciones que conformamos la
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica rechazamos la medida anunciada por
la empresa Pacific Rim porque constituye una clara vulneración contra el
derecho soberano del Estado salvadoreño de decidir sobre el tipo de
políticas económicas que beneficien el interés público. El anuncio
de Pacific Rim, además, constituye un vil desprecio a la voluntad de la
población salvadoreña que ha ejercido su derecho de
rechazar la minería metálica como una opción para su desarrollo, por
los graves impactos en la salud y el medio ambiente, especialmente en
el agua.
Rechazamos categóricamente la
hipocresía de Thomas Shrake, representante de Pacific Rim, quien insiste
en presentar a su empresa como generadora de empleos y beneficios económicos
para el país. Tal como hemos dicho antes, si la verdadera intención de Pacific
Rim fuera contribuir al desarrollo democrático, equitativo y sustentable de la
población salvadoreña, en lugar de incrementar el monto de la demanda
presentada en 2009, debería retirarla de inmediato. Es contradictorio que una
empresa minera que pretende generar “bienestar” para el
país, intente resolver los conflictos con el Estado,
recurriendo a tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
de Inversiones (CIADI), de perfil corporativo y no ambiental o de derechos
humanos, reclamando además indemnización por las “posibles” ganancias
económicas que le produciría la activación de la mina.
Mientras sigan existiendo leyes y acuerdos comerciales permisivos que privilegien en primer lugar los intereses de las corporaciones, en lugar del bienestar de la población, este no será el último caso en el que El Salvador verá comprometidos los fondos públicos. Pacific Rim, no es la única empresa minera que ha demandado al país ante el CIADI. La empresa estadounidense Commerce Group también exige el pago por 100 millones de dólares ante el CIADI. Esta es, justamente, la amenaza y el motivo de nuestro rechazo a la negociación de Tratados de Libre Comercio con Canadá y al Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea.
Mientras sigan existiendo leyes y acuerdos comerciales permisivos que privilegien en primer lugar los intereses de las corporaciones, en lugar del bienestar de la población, este no será el último caso en el que El Salvador verá comprometidos los fondos públicos. Pacific Rim, no es la única empresa minera que ha demandado al país ante el CIADI. La empresa estadounidense Commerce Group también exige el pago por 100 millones de dólares ante el CIADI. Esta es, justamente, la amenaza y el motivo de nuestro rechazo a la negociación de Tratados de Libre Comercio con Canadá y al Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea.
En ambos casos, es totalmente injusto que seamos
las y los salvadoreños los que sigamos financiando los montos que se destinan
en gastos de representación y pago de demandas que el Estado salvadoreño
enfrenta en tribunales como el CIADI. Solo los costos de representación ante el
CIADI en el caso de la demanda interpuesta por Pacific Rim, según datos de la
misma Fiscalía General de la República ascienden a cerca de siete millones de
dólares (vuelos, pago de abogados, viáticos, etc). El escenario empeorará
mucho más si el Estado salvadoreño pierde las demandas y es obligado a pagar
los reclamos de las empresas mineras.
En base a lo anteriormente expuesto, la MESA NACIONAL FRENTE A LA
MINERÍA METÁLICA demanda:
A la empresa minera Pacific Rim,
que deje de extorsionar al pueblo salvadoreño y retire inmediatamente la
demanda interpuesta ante el CIADI.
Al gobierno del Presidente
Funes la no ratificación del Ada con la Unión Europea, el cese a las
negociaciones del TLC con Canadá y la denuncia del CIADI, como ya lo han hecho
los pueblos hermanos de Venezuela Bolivia y Ecuador.
A la Asamblea Legislativa la derogación de la Ley de Inversiones vigente
y la aprobación inmediata de una Ley que prohíba la minería metálica.
A la Corte Suprema de Justicia la Sentencia de Inconstitucionalidad del CAFTA-DR, pendiente a resolverse desde hace más de cinco años.
A la población salvadoreña a
mantenerse organizada y atenta en defensa de la vida ycontra el chantaje y la
extorsión de las empresas transnacionales
CESE A LAS EXTORSIONES DE LAS
TRANSNACIONALES MINERAS AL PUEBLO SALVADOREÑOS.
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